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El contrato había sido suscrito en 2016 por el Departamento de Boyacá con la Fundación Obras y Servicios Sociales de Colombia “S.O.S”, con sede principal en el Departamento de Córdoba. Según determinó la CGR, el daño patrimonial se dio principalmente por mayores valores pagados por concepto de reconocimiento a estudiantes, diferentes a lo contratado. |
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