La Contralora General de la República no hubiera recusado nunca al señor Fiscal General y al Vicefiscal, si no tuviera copiosas pruebas de la existencia de un interés no legítimo. Llama poderosamente la atención que los altos dignatarios del Estado frente a la estrategia de desprestigio de una de esta institución ninguno se hubiese pronunciado y por el contrario hubiesen guardado silencio.